La construcción del gasoducto que atraviesa Villa María será supervisada por arqueólogos y antropólogos, una medida solicitada por los pueblos originarios de la región para proteger su patrimonio cultural.
El próximo jueves 23 de mayo, se llevará a cabo una reunión en Villa María entre representantes de la empresa Enarsa, encargada del proyecto, y comunidades originarias. En este encuentro, se establecerán directrices para salvaguardar el terreno y coordinar la labor arqueológica ante posibles descubrimientos durante la obra.
Este diálogo comenzó en 2023 con los descendientes de los comechingones, antiguos habitantes del área afectada. El gasoducto Néstor Kirchner, impulsado por el gobierno de Alberto Fernández, tiene como objetivo mejorar la infraestructura energética en Córdoba y otras provincias del norte argentino.
Héctor Tulián, miembro del Consejo Provincial Indígena, detalló que el monitoreo se enfocará en el tramo Tio Pujio-La Carlota, ya en construcción. “Ahora se inicia la fase intermedia que pasa por la Estancia de Yucat, cerca de la Laguna Honda, una zona previamente ocupada por una comunidad que ya no existe, pero cuyo territorio Ktalamochita está bajo nuestra custodia”, explicó Tulián a Villa María Vivo.
Participarán en el monitoreo representantes de la empresa BTU, el INAI, el Consejo Provincial Indígena y la Agencia Córdoba Cultura, que según la ley, tiene la responsabilidad de intervenir en caso de hallazgos arqueológicos o restos ancestrales.
El objetivo es “establecer acuerdos previos al inicio de los trabajos, implementando procedimientos basados en actas. Este enfoque establecerá un precedente nacional, ya que es la primera vez que se procede de esta manera en proyectos que afectan territorios indígenas”, comentó Tulián.
En 2023, las partes involucradas realizaron una visita a la Estancia de Yucat, evaluando el trazado del gasoducto para evitar afectar áreas arqueológicas o sitios sagrados. Enarsa se ha comprometido a cumplir con este acuerdo, lo cual es significativo ya que, históricamente, las obras de infraestructura no han considerado la consulta previa a los pueblos originarios.
