El proyecto de la Ley Bases enviado por el gobierno de Javier Milei al Congreso de la Nación sufrió modificaciones luego de pasar por Diputados y ahora en la Cámara de Senadores tuvo nuevos cambios.
En principio, tras un nuevo dictamen, negociado por el flamante Jefe de Gabinete Guillermo Francos con senadores, hay acuerdo para tratar el proyecto de ley y el paquete fiscal el próximo 12 de junio. En InfoBlue repasamos uno por uno los principales puntos del proyecto de ley.
Desregulación del Estado y “superpoderes”
Luego de las sucesivas modificaciones, la Ley Bases que se votará declara por un año, a partir de su sanción, “la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética”. Esto otorga al presidente Javier Milei “superpoderes” para gestionar en estas áreas sin necesidad de control del Congreso. El plan incluye una fuerte desregulación del sistema económico y el desguace del Estado.
El núcleo de esta desregulación está en el artículo 3, que permite al Ejecutivo modificar o eliminar competencias, funciones o responsabilidades, y reorganizar, modificar o transformar su estructura jurídica. Esto incluye la centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias de numerosos organismos públicos. Sin embargo, se excluyen de estos cambios las universidades nacionales, la estructura del Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Ministerio Público.
El texto también establece que el Ejecutivo no podrá disolver unos 30 organismos estatales, aunque sus funciones o competencias pueden ser eliminadas o modificadas. Este listado incluye el CONICET, el Instituto Malbrán, la ANMAT, el INCAA, la Comisión de Actividades Espaciales y la de Energía Atómica, el INCUCAI, la UIF, el INTA, el INTI, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Administración de Parques Nacionales, el SENASA, el Servicio Meteorológico Nacional, el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo y la Superintendencia de Seguros de la Nación, entre otros.
El proyecto de ley del Senado mantiene la potestad del Gobierno de “modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos”, avalando la intervención de los fideicomisos ya afectados por el mega-DNU 70/23. Solo se excluyó el fondo que administra los subsidios para el gas. Esta medida generó polémica porque también eliminó el Fonid, que transfería dinero a las provincias para complementar el pago de sueldos docentes. Actualmente, hay presión opositora en Diputados para restituir este fondo.
Las privatizaciones
A pesar del dictamen, hay senadores que plantearon que votarán en contra en particular sobre algunas empresas del listado. El capítulo II de la Ley Bases aborda el proceso de privatización de varias empresas públicas. El listado fue recortado en Diputados y apenas modificado en el Senado. Están sujetas a privatización Aerolíneas Argentinas, Energía SA, la TV Pública, Radio Nacional, e Intercargo. Además, podrán ser privatizadas o concesionadas AySA, el Correo, el Belgrano Cargas, la Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y la empresa Corredores Viales.
La ley permite la privatización parcial de la estratégica Nucleoeléctrica Argentina, pero el Estado mantendrá “el control o la participación mayoritaria en el capital social”. Lo mismo aplica al Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético de Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
Para cada privatización, el proceso incluye la participación de una Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones del Congreso, la Sigen y la Auditoría General de la Nación. Se extendió el plazo para que la AGN remita al Congreso un informe sobre cada privatización: de 30 a 120 días.
Reforma laboral
El Capítulo IV de la Reforma del Estado, específico sobre empleo público, otorga al Ejecutivo atribuciones para reorganizar la planta estatal, una postura resistida por los gremios. Esto permitirá acelerar los recortes que ya eliminaron 14.000 contratos temporales. La Ley Bases también facilita el avance sobre la planta permanente, incluyendo el descuento de horas por huelga y la posibilidad de cesantía tras tres jornadas de ausentismo sin justificar (antes eran cinco).
En el ámbito privado, la reforma laboral, denominada “Modernización laboral”, legaliza la informalidad permitiendo que una persona contrate hasta tres trabajadores independientes (el proyecto inicial contemplaba cinco). La ley extiende el período de prueba de tres a seis meses y permite que cualquiera de las partes extinga la relación sin expresión de causa y sin indemnización. También se incluye un fondo de cese laboral optativo, similar al de la UOCRA.
Un cambio de último momento considera los bloqueos o toma de establecimientos durante una huelga como causa de despido, con una redacción que suaviza su aplicación: de “configurará” injuria laboral a “podrán configurar”.
El RIGI: capítulo polémico
El Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) es una de las principales razones de ser de la Ley Bases y también uno de los capítulos más polémicos, ya que busca atraer capital extranjero ofreciendo explotación casi irrestricta en sectores clave como minería, petróleo, gas, agricultura y tecnología. Este régimen contempla amplias exenciones impositivas durante 30 años para inversiones entre U$S 200 millones y U$S 900 millones.
La principal crítica en el Senado fue que no protege a la industria local y su cadena de valor. Se incorporó la necesidad de que los inversores presenten un “plan de desarrollo de proveedores locales” y un estimado de “integración local” al empleo generado, aunque sin especificar su alcance.
El RIGI permite acceso irrestricto al mercado libre de cambios y resolución de conflictos en tribunales extranjeros. Las provincias no pueden dictar normas propias sobre el RIGI y se garantiza a las empresas el libre abastecimiento de insumos, sin que el Estado pueda priorizar el consumo social en caso de crisis.
Reforma previsional
La Ley Bases deroga la moratoria previsional que permitía jubilarse a quienes no alcanzaban los 30 años de aportes mediante un plan de pago de cuotas. La nueva ley contempla una Prestación de Retiro Proporcional, extendiendo la edad mínima a 65 años, afectando principalmente a mujeres en trabajos domésticos o no remunerados. Se estima que unas 500.000 personas serán perjudicadas.
Impuesto al tabaco
En el Senado no se modificó el régimen impositivo a la industria del tabaco incluido en la Ley Bases. La iniciativa homogeneiza el impuesto mínimo del 70% al 73% para todas las empresas del sector. La medida generó controversia por la disputa entre Massalin Particulares y Tabacalera Sarandí.
Vuelve el impuesto a las Ganancias
La Ley Bases restituye la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, eliminada en septiembre de 2023. El nuevo mínimo no imponible será de $1,8 millones brutos para solteros y $2,2 millones para casados con dos hijos. Las provincias patagónicas tendrán un mínimo no imponible un 22% mayor.
Monotributo social
Se mantiene el monotributo social con un esquema de $9.800 para jubilación, siendo opcional la obra social. No se pagará el componente impositivo y se podrá facturar hasta $3 millones.
Blanqueo de capitales
El blanqueo de capitales permite regularizar hasta U$S 100.000 sin recargo. Se excluyen hermanos y funcionarios públicos de los últimos 10 años. Los participantes no podrán exteriorizar capitales en futuros blanqueos hasta 2038 y sufrirán un aumento del 20% en Bienes Personales. Se eliminó la inclusión de criptomonedas en el blanqueo.
Regalías mineras
El artículo 112 permite a las provincias mineras aumentar sus regalías del 3% al 5%. Esta inclusión de última hora permitió al Gobierno conseguir el apoyo de varios senadores de provincias mineras.
