El juez federal Sebastián Casanello ordenó al Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Petovello, que elabore un plan en un plazo de 72 horas para distribuir cinco toneladas de alimentos que se encuentran almacenados en depósitos y no han sido entregados a los comedores comunitarios.
Esta medida busca garantizar la ejecución inmediata de la distribución, en respuesta a una causa penal iniciada por el dirigente social Juan Grabois.
La causa, que se remonta a febrero pasado, fue presentada por Grabois en el marco del “Plan Nacional Argentina contra el Hambre”, denunciando la suspensión de la entrega de alimentos en diversos comedores comunitarios a lo largo del país. Los alimentos, que totalizan aproximadamente 5.020.731 kilos, se encuentran en los centros de distribución de Villa Martelli en la Provincia de Buenos Aires y Tafí Viejo en Tucumán.
El juez Casanello dispuso un operativo para este lunes en la mañana, con el objetivo de obtener un detalle exhaustivo de todo lo almacenado en estos depósitos. La resolución indica que el Ministerio debe elaborar un plan que contemple el tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo destinatario de los alimentos, garantizando su ejecución inmediata.
La administración actual, a través del vocero presidencial Manuel Adorni y el propio Ministerio de Capital Humano, reconoció la situación, señalando que se habían detectado irregularidades en la distribución de los alimentos bajo la gestión del gobierno anterior. Han manifestado estar trabajando en la implementación de un mecanismo mejorado para la distribución.
En su resolución, el juez Casanello subrayó la importancia del derecho humano fundamental a la alimentación, vinculándolo con los derechos a la vida, la dignidad y la salud, todos reconocidos en tratados y convenciones de derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad. Este marco legal, explicó, impone al Estado el deber ineludible de garantizar la efectividad de estos derechos, especialmente en contextos de vulnerabilidad.
Informes del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) revelan que el 57,4% de la población argentina vive en situación de pobreza, con más del 60% de los niños, niñas y adolescentes afectados, y un 32% sufriendo inseguridad alimentaria, de los cuales un 14% lo hace de forma severa.
El magistrado rechazó la solicitud de la fiscal Paloma Ochoa de distribuir los alimentos a todos los comedores registrados en el Registro Nacional de Comedores, argumentando que corresponde a la Administración seleccionar los medios más adecuados para asegurar una alimentación adecuada. En lugar de ello, dispuso órdenes de presentación para obtener un inventario detallado de los alimentos almacenados y toda la documentación relacionada con su adquisición y distribución.
Esta decisión judicial representa un paso crucial en la lucha contra el hambre y la pobreza en Argentina, buscando asegurar que los recursos disponibles lleguen a quienes más los necesitan de manera rápida y eficiente.
